Ante las preguntas de la prensa tras la firma del convenio con Diputación para la restauración de templos, en el que ha resaltado la importancia de la cooperación entre instituciones por el bien común, el obispo de Ávila ha querido valorar la exclusión, por parte del Gobierno, de la escuela concertada de las ayudas de recuperación por la pandemia de COVID-19. Algo que, a su juicio, “supone una clara discriminación”. “Hay grupos políticos radicales en el poder que no aguantan la libertad. Y esto se manifiesta en decisiones, actuaciones, líneas políticas cargadas de unos tópicos que no corresponden a la realidad”.
“La escuela concertada es una escuela de iniciativa social, que en nuestro país está, fundamentalmente, en manos de la Iglesia. En el uso de la libertad que consagra nuestra Constitución, que es la que conjuga un gran pacto educativo. Si se pierde el espíritu constitucional, como estamos percibiendo, se llevan por delante realidades ya plasmadas y vinculantes para el desarrollo legislativo posterior y para nuestra vida democrática. Todos tienen derecho a la educación, claro que sí. Pero, al mismo tiempo, la Constitución consagra la libertad de los padres el centro educativo y el tipo de educación que quieren para sus hijos, de acuerdo con sus convicciones”.
Por ello, Mons. Gil Tamayo instaba a superar “el tópico de que los colegios concertados son colegios de ricos. Y también, por una vez, con la trayectoria democrática que llevamos ya ejercida y avalada, no podemos dejarnos llevar del miedo a la libertad. La libertad es la condición del ejercicio de los derechos”.
“El Estado no es el propietario de los hijos, ni de la educación”, destacaba el obispo, quien a su vez aseguraba que se trata de “un derecho de los padres, que desarrollan en libertad y en igualdad, algo que ha de garantizar el Estado”, como así garantiza la Europa democrática. “Lógicamente, si aquí se excluye a la concertada, se está excluyendo, entre otras cosas, a casi un 30% de la población española por una decisión ideológica y política”. “No puede ser confinada la educación en sus derechos. Sobre todo, la libertad educativa, en este caso.”
Finalmente, recordaba D. José María cómo en Ávila la enseñanza concertada tiene un peso social importante (“que es de iniciativa social, y de instituciones de la Iglesia”), que supone “un desarrollo para la ciudad, en la provincia, al dar empleo a muchas personas. Si en estos tiempos de crisis se prestan ayudas necesarias al ámbito de la automoción, por ejemplo, ¿por qué se excluye, por cuestiones ideológicas y tópicos clericales, a una parte importante de la sociedad, como son los niños, sus padres y los profesores de estos colegios concertados?”.
