La frase que sirve para titular esta noticia genera cierto escalofrío. Pero sirve para que tomemos conciencia de la situación socioeconómica que existe en nuestro país y cómo está afectando a nuestras familias. Una toma de conciencia que también han hecho nuestros sacerdotes y el equipo de Cáritas Diocesana este lunes en el marco de la Formación Permanente del Clero gracias a la intervención de Raúl Flores, Coordinador de estudios de Cáritas Española y Secretario Técnico de FOESSA (la fundación de estudios sociales y sociología impulsada por la propia Cáritas desde 1965 para realizar la radiografía de nuestro entorno).
Flores ha querido compartir con los asistentes el último informe FOESSA, hecho público el pasado mes de noviembre, y que nos hablan de esa enfermedad crónica en la que estamos inmersos en España. Y es que nuestra sociedad viene padeciendo de lejos un problema estructural, que efectivamente se ha visto agravado con los episodios agudos provocados por las consecuencias sociales y económicas de la crisis de la COVID y de la crisis de la inflación. Por tanto, el problema no es nuevo, sino que “vamos acumulando capas de desigualdad y pobreza tras cada crisis, ya que los momentos de bonanza económica que mejoran la situación no logran recuperar los niveles previos”.
El informe muestra, asimismo, cómo el impacto de esta problemática es muy desigual según las clases económicas, y esos momentos de crisis aguda están teniendo un mayor impacto en aquellos que tienen menos recursos, “lo que provoca una desmotivación y un bloqueo lógicos”. Ante esta situación, el Secretario Técnico de FOESSA considera que “estamos lejos” de la tan traída igualdad de oportunidades, lo que genera “heridas no sólo ahora, sino en un futuro, a nuestros propios hijos”.
Además de un mercado laboral que no asegura unas condiciones dignas para los trabajadores, Flores ha indicado que uno de los problemas más graves al que nos enfrentamos es el de la vivienda. “Es un pozo sin fondo. O somos capaces de arreglarlo, o el resto de problemas jamás podrán solucionarse”. Y es que casi 120 mil familias sólo en Castilla y León se quedan en situación de pobreza severa tras hacer frente cada mes al pago del alquiler o de la hipoteca.
En medio de este panorama, llega la crisis de la inflación, y nos encontramos con un 32% de familias que se encuentran muy lejos del presupuesto para unas condiciones de vida dignas, lo que provoca cambios en su consumo: desde consumir menos productos frescos, hasta reducir gastos en electricidad o transporte, e incluso borrar a los niños de extraescolares o del comedor escolar. “Todo esto genera un miedo y una incertidumbre lógicas”.
¿Y cómo hacen entonces frente las familias a esta situación? “Pues lo primero, tirando de ahorros, o pidiendo dinero a familiares. Incluso renunciando, como decimos, a muchas cosas. Y sólo el 15% de esas familias llegarán a servicios sociales, ONG o parroquias para pedir ayuda económica. Eso quiere decir que cuando llegan a estos sitios es que ya han agotado todos sus recursos previos, y están desmoralizados, cansados, en mala situación”. A partir de ahí, instituciones como la propia Cáritas inician esa ayuda integral, logrando que entre 7 de cada 10 hogares en exclusión se encuentren activados. “Tenemos que olvidarnos de esos comentarios de que la gente está mejor en su casa esperando una paguita. Porque los datos nos demuestran que no es así. Esos datos no corroboran el mantra del supuesto efecto desmotivador de las prestaciones económicas”.
Menos políticas de rescate, y más políticas preventivas
Y tras la radiografía social, llegan las propuestas. Propuestas de alternativas que rompan con la crisis del ser humano, que es previa a toda crisis económica. Para ello, la alternativa al marco cultural predominante es la comunidad frente al individualismo, la apuesta por el sentido vital frente al hedonismo, el desarrollo integral, y la participación frente a la mercantilización.
Un cambio de mentalidad necesario que tiene que realizarse asimismo en las políticas sociales para ayudar a los más vulnerables, cambiando el chip para pasar de políticas de rescate a políticas preventivas, con una garantía del derecho a un nivel de vida digno, garantizando ingresos suficientes, facilitando el acceso a una vivienda digna, y con políticas predistributivas para prevenir la desigualdad en sanidad, educación o dependencia.
Y aquí tiene mucho que decir la Iglesia, posicionándose del lado del que sufre. Con una mirada empática, “que no juzga ni culpabiliza al que no se encuentra trabajando, comprendiendo la realidad de quienes no llegan a fin de mes, poniéndonos en su lugar”, destacaba Flores, a la vez que pedía que seamos como un racimo, unido, con fuerza para cuidar unos de otros. Que seamos “llaves para las puertas que se cierran”.
