Un derecho en claro retroceso. La libertad religiosa sigue peligrosamente “en caída libre”, tal y como se manifestaba este lunes en la presentación del informe que, a este respecto, ha elaborado la Fundación pontificia “Ayuda a la Iglesia Necesitada”. Una situación alarmante, que incluso ha empeorado sobremanera debido a la pandemia de COVID-19.
En esta presentación, nuestro obispo D. José María destacaba la libertad religiosa como un “termómetro del nivel de libertad en un país y en una sociedad”, ya que “la libertad religiosa es una parte que a nadie se le puede prohibir, que tenga sus convicciones religiosas y que las manifieste externamente”.
Raquel Martín, responsable del departamento de comunicación de AIN, explicaba cómo existen en la actualidad más de 5 mil millones de personas viviendo en países con graves violaciones a la libertad religiosa, lo que supone el 67% de la población mundial. De todos ellos, “objetivamente que el cristianismo es la religión más perseguida del planeta”. Así se refleja en este informe que se publica desde 1999, y se presenta a nivel internacional en las 23 oficinas que tiene la fundación en todo el mundo, con el objetivo de “sensibilizar sobre la necesidad de protección y defensa” de la libertad religiosa.
La situación, efectivamente, ha empeorado con la pandemia. La COVID está siendo una clara amenaza “que ha supuesto cambios, legislaciones, quizá sea la amenaza más grave que se ha producido en la sociedad moderna a nivel mundial donde ha arrasado el virus con razas y todo tipo de religiones”. Desde hace año y medio, en muchos países se ha discriminado a minorías por su credo a la hora de acceder a alimentos o kits sanitarios básicos. Asimismo, la situación ha favorecido el avance del yihadismo porque estados frágiles estaban más preocupados en contener la pandemia. Aunque lo más grave ha sido la estigmatización de minorías a las que se acusaba de ser la causa del virus.
Y no hay que irse muy lejos. En Europa “se ha extralimitado el límite al culto de manera preocupante y en algunos casos arbitraria”, señalaba Raquel, citando al propio informe, que señala cómo a principios de junio de 2020, mientras Madrid y Barcelona seguían bajo las restricciones de la covid-19, que limitaba el aforo de los lugares de culto al 30 por ciento de su capacidad, se permitía a miles de personas reunirse en marchas.
Hablando precisamente de lo que ocurre en nuestro país (“donde no podemos hablar de una persecución como en países de Asia, pero sí de ciertas actitudes que nos muestran señales de alarma”, explicaba la responsable de comunicación de AIN), Mons. Gil Tamayo recordaba que España es un Estado aconfesional, pero no laicista. “El laicismo cuando se convierte en una bandera lo que quiere interponer en el espacio público es la ausencia de religión o reducirla al ámbito de lo privado, que no tenga manifestaciones públicas. Y empiezan a molestar las cruces y otros signos externos. En este ámbito, el único límite a la libertad de público es el orden público”.
Libertad que, en el caso de España, se puede ver mermada también con reformas como la ley de educación, ya que “si no se permite a los padres educar a sus hijos como consideran oportuno pueden estar dañando el derecho a a la libertad religiosa”.
“No puede haber concordia si no hay respeto por los derechos y libertades. Y una de ellas es el hecho religioso”. Así destacaba nuestro obispo la importancia del hecho religioso como constitutivo de nuestra identidad, y las religiones como “constructoras de la paz”. Y recordaba cómo en nuestra propia diócesis “aún hoy conocemos la historia de gentes de nuestros pueblos que han vivido la persecución religiosa. Por tanto, no toméis esto como algo lejano o ajeno”.
