El pasado jueves se aprobaba en el Congreso “por la mínima” la LOMLOE, la ley de educación, más conocida como la Ley Celaá. Una ley que hace peligrar la subsistencia de la escuela concertada, que se ha movilizado este fin de semana en toda España. De hecho, ya podemos avanzar que esta semana tendremos en Ávila dos momentos importantes en este sentido: el miércoles 25 de noviembre, los profesores de los distintos centros concertados de toda la provincia visibilizarán su oposición a la ley en los patios de dichos centros; y el domingo 29 de noviembre por la mañana, se realizará una acción pública en Ávila capital para que pueda sumarse toda la sociedad abulense. Iremos dando más detalles conforme avance la semana.
Por el momento, lo que hemos querido es conversar con Gustavo Adolfo Rodríguez Obregón, responsable en Ávila de Escuelas Católicas, para que nos explique cómo nos afecta a las familias este cambio educativo, que no pretende más que intentar resucitar la LOE, la ley educativa de Zapatero.
Lo primero que denuncian desde Escuelas Católicas es la falta de consenso para sacar adelante la ley, algo que se visibilizó en el estrecho margen de la votación del jueves. “Han querido hurtar el debate social. La LOMLOE tacha a la LOMCE de ser una ley no consensuada. Y sin embargo lo que ha hecho el Gobierno es avanzar con este proyecto sin debate parlamentario, sin diálogo social, y, sobre todo, en plena pandemia, en un Estado de Alarma”.
Una ley que supone una vuelta a la LOE y a sus aspectos más polémicos, cuando ya se vio desde Europa que era una ley que estaba fracasada. Se trata, por tanto, de “un retroceso para el sistema educativo”.
Un ataque a la libertad de las familias
Pero en lo que más ponen el acento desde Escuelas Católicas es en que la Ley Celaá recorta claramente los derechos y las libertades de los ciudadanos. Fundamentalmente, porque elimina la demanda social. “La administración no tendrá en cuenta la elección de las familias. Esto es un paso más hacia la planificación unilateral o al cierre de concertadas con demanda en beneficio de las escuelas públicas vacías. Es decir, si la escuela pública tuviera aulas vacías, alumnos que estuvieran escolarizados en la concertada es posible que los arrancaran de esas aulas y se fueran a la pública. Esto es algo que, como padres, tenemos que conocer. No es un simple ataque a la escuela concertada. Desde Escuelas católicas lo que queremos dar a entender a la ciudadanía es que es un ataque en toda regla a la capacidad de decisión de las familias. Es un ataque verdaderamente para ver quién es el que decide la educación para sus hijos: si los padres, o el papá Estado’, señala Gustavo.
Y esto se ve claramente con un ejemplo. Yo tengo un hijo en edad de escolarización, y en mi barrio no hay ningún colegio concertado, que es donde yo quiero llevarlo. Pues bien, con esta ley va a ser imposible: voy a tener que llevar a mi hijo al colegio público de mi barrio sí o sí. “Esta es la realidad. Donde antes se ponía el derecho a elegir el centro que queríamos, ahora lo que vamos a ver es lo que llaman un ‘derecho de asignación de plaza escolar’. Como existe el derecho universal a la educación, y ningún niño se va a quedar sin escolarizar, será el Estado quien nos asigne la plaza escolar que nos corresponda”.
“Esto no es una guerra entre educación pública y concertada”
Por ello, Rodríguez Obregón insiste especialmente en defender el artículo 27 de la Constitución, en el cual se deja claro que son las familias las que tienen derecho a elegir el modelo de educación para sus hijos y, por tanto, a elegir el centro educativo de sus hijos. Y es que nadie se opone a que se promueva la educación pública. Pero eso sí, que no se haga en detrimento de la concertada, sobre todo cuando existe una demanda social. “La palabra clave es complementariedad. La escuela concertada no es subsidiaria de la escuela pública: la concertada es complementaria de la escuela pública. Esta ley lo que hace es inventarse un derecho que no existía, que es el derecho a la educación pública. En la Constitución lo que se recoge es que existe un derecho a la educación, que se garantizaría con plazas suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos y también de iniciativa social. Insisto: el derecho reconocido es el derecho a la educación, no a la educación pública. Por mucho que se empeñen en tacharnos de lo contrario, no debemos caer en la falacia de que esto es un simple debate entre educación pública vs concertada. No lo es. De hecho, gran parte de la escuela pública está también en contra de esta ley”.
“La concertada no es una escuela para ricos o gente pudiente”
Lo que sí es cierto es que el ataque hacia la concertada se visibiliza también en el gran número de falsas afirmaciones que se vierten sobre ella. Incluso por parte de cargos públicos. Por ejemplo, la que señala que se trata de una educación para los más pudientes, no es una educación para ricos. “En los concertados entra todo tipo de familias, independientemente de su situación económica. No entran familias que quieren pagar por la educación de sus hijos, sino familias que quieren optar libremente por este tipo de educación sin tener que pagar por ello, en igualdad de condiciones que el resto. Todos los quieren matricularse en nuestros colegios concertados de Ávila pasan por una serie de procesos marcados por la Dirección Provincial de Educación mediante unos baremos. No es el nivel de renta, ni el poder adquisitivo de las familias. Este argumento se vende mucho en los medios de comunicación, pero es totalmente mentira”, señala el responsable de Escuelas Católicas en Ávila.
Y es que, si finalmente se cumplen los peores augurios, y la concertada desapareciera o terminara privatizándose, habría muchas familias que no podrían acceder a este tipo de educación para sus hijos, como hubiera sido su deseo. “Hay mucho bulos creados en torno a la concertada, en los que se dice que la concertada nació allí donde no llegaba la pública. Esto no es verdad. La concertada realmente nace como una necesidad fundamental para mantener ese derecho a elegir y la libertad de los padres. Entre una escuela pública y una escuela privada, nació una escuela concertada con un ideario y un proyecto educativo con carácter propio, que los padres pueden elegir libre y gratuitamente. Ahora mismo, si la concertada desaparece, y es lo que en principio dibuja la Ley Celaá, un padre que tenga poder adquisitivo va a poder elegir que sus hijos vayan a un buen centro privado, donde pueda pagar sus cuotas; y los que no tengamos ese nivel económico medianamente alto, tendremos que resignarnos con este modelo único y unilateral que están definiendo con la nueva ley”.
