Con motivo de la Jornada de las Personas Sin Hogar, que se celebra el último domingo de octubre, Cáritas Diocesana de Ávila ha querido dar un paso más allá y ofrecer una «radiografía» de lo que han calificado como un «verdadero drama» social: el problema de la vivienda y la creciente «precariedad residencial» en la provincia abulense.
Antonio Luis Nicolás, delegado episcopal para Cáritas Diocesana de Ávila, ha incidido en las conclusiones de los últimos estudios sociológicos de la entidad: «Cáritas nos invitó desde Foessa a ayudar a las familias que acompañábamos a realizar un presupuesto del hogar para que fueran conscientes de que no siempre lo que se obtiene por un salario puede cubrir el coste de una vida normalizada y digna».
Por ello, ha advertido de que la insuficiencia salarial se ha consolidado como un problema estructural en la sociedad actual. «Una persona o una familia, por el hecho de alcanzar un puesto de trabajo, no tiene garantizado salir del umbral de la pobreza. De hecho, incluso hoy, con dos salarios es muy difícil cubrir las necesidades básicas y de dignidad que requiere todo ser humano», ha subrayado.
La vivienda, principal factor de empobrecimiento y exclusión
Esta precariedad salarial impide el acceso tanto al alquiler como a una hipoteca, imposibilitando la formación de un hogar donde las personas se desarrollen con normalidad «tal y como reconoce el artículo 47 de nuestra Constitución», apuntaba Antonio Luis, quien asimismo ha hecho hincapié en la especial indefensión de la población migrante al carecer de redes sociales de apoyo y ha pedido superar posicionamientos partidistas: «No podemos permanecer en la polarización, en la confrontación ni en hacer de este problema algo partidista. El precio del alquiler, la falta de garantías, el hecho de compartir vivienda y la falta de estabilidad están perjudicando a muchos de nuestros conciudadanos».
Ante este problema endémico de nuestra sociedad, Cáritas ofrece sus recursos y su disponibilidad para paliar, en la medida de lo posible, sus consecuencias. Pero no es suficiente, y esto supone la implicación de toda la sociedad, con medidas como la que apuntaba Antonio Luis como una necesidad acuciante: «potenciar la construcción de vivienda social», como ya he ha hecho en otros momentos, y que ahora parece estancada o desaparecida.
Por su parte, Marta Estévez, técnica del Programa de Acogida y Atención Primaria de Cáritas Diocesana de Ávila, ha detallado cómo las dificultades para acceder y mantener un inmueble se han agravado drásticamente en los últimos ejercicios. «Vemos cómo cada día las dificultades de acceso a la vivienda y mantenerla están a la orden del día. La vivienda se sitúa como principal factor de empobrecimiento y exclusión social, vinculado de forma directa con la pérdida del poder adquisitivo y la insuficiencia salarial», ha apuntado.
Estévez ha explicado que el acompañamiento que realiza la entidad no se limita a aportar una prestación puntual, sino que parte de una evaluación baremada e individualizada de cada unidad familiar: «No se trata únicamente de responder a una dificultad económica puntual, sino de comprender qué está provocando esta situación, qué recursos pueden resultar adecuados y cómo podemos acompañar a la persona o familia para mejorar su situación y avanzar hacia su autonomía».
Recursos, ayudas al alquiler y cifras en Ávila
Para hacer frente a este escenario, Cáritas Diocesana de Ávila despliega diversas herramientas y recursos habitacionales:
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Viviendas sociales para familias con menores: Cáritas dispone de 4 viviendas destinadas a familias con menores en situación de vulnerabilidad social. La estancia es gratuita, pero se obtiene mediante contrato con compromisos de autonomía y temporalidad. En los últimos dos años, 39 personas han habitado estas viviendas, cuya demanda es constante y permanecen ocupadas continuamente.
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Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda (Programa 3): En colaboración con la Junta de Castilla y León, se articulan soluciones habitacionales urgentes para personas sin hogar, víctimas de violencia de género o familias en proceso de desahucio, ofreciendo apoyos para el pago de alquiler y suministros de hasta 600 euros.
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Ayudas para suministros básicos: A través de la Fundación La Caixa y de fondos propios de la entidad, se evitan cortes de luz o calefacción.
Marta Estévez ha recordado que el encarecimiento de la vivienda en la provincia ha obligado a reforzar estas respuestas. En los últimos dos años, 120 personas se han beneficiado de las ayudas para el pago del alquiler y 87 personas de las ayudas para suministros básicos.
A estas cifras de prevención del sinhogarismo se suman las prestaciones de emergencia dirigidas a quienes ya se encuentran en la calle. En lo que va de año 2026, Cáritas ha atendido a 363 personas sin hogar (320 hombres y 43 mujeres), ofreciendo 2.770 servicios de alojamiento. Asimismo, en lo que va de año, el Hogar Santa Teresa contabiliza un total de 14.724 servicios prestados entre alojamientos, desayunos y comidas.
A nivel autonómico, las Cáritas Diocesanas de Castilla y León han atendido a más de 45.000 personas, según refleja el documento presentado esta misma semana bajo el título Habitar entre la precariedad y la exclusión.
Superar prejuicios y apostar por el bien común
Cáritas ha querido recordar que el acceso a todas estas ayudas no responde a perfiles prefijados ni etiquetas, sino a situaciones reales de necesidad. «Es momento de superar prejuicios. Hay mucho prejuicio social infundado en cuanto a las ayudas de Cáritas o de cualquier otra ONG. Por ello, es necesario hablar de situaciones y no de perfiles, y de un trabajo continuado y no puntual: no es dar el pescado, sino dar la caña y enseñar a pescar para que la persona pueda salir de esa situación», destaca la entidad.
En la misma línea, Antonio Luis Nicolás ha concluido haciendo un llamamiento a la conciencia colectiva: «Tener una vivienda digna no debería ser un privilegio, sino una condición fundamental para desarrollar un proyecto de vida con dignidad. Una vivienda no es un hogar; un techo no es un hogar. Un hogar es un derecho constitucional y un derecho humano».
